La implementación del Plan BIM Estatal en los procesos de licitación pública marca, sin duda, uno de los cambios más significativos en la historia reciente del sector AEC español. Desde 2024, cada vez son más los concursos que establecen la obligatoriedad de trabajar bajo la metodología BIM para poder optar a contratos públicos.
Este gesto se alinea con la hoja de ruta europea para la transformación digital del entorno construido. Es, a todas luces, un avance necesario. Sin embargo, al analizar la situación desde una perspectiva interna, surge una pregunta ineludible: ¿se está implantando BIM de manera efectiva o se está utilizando meramente como un requisito documental?
A medida que se profundiza en el análisis, emerge una contradicción notable. La Administración, a través de la Exigencia BIM España, pide a las empresas, especialmente a las pymes, que inviertan en formación, software y perfiles especializados para responder a los pliegos. No obstante, muchos organismos públicos continúan operando con procedimientos analógicos, estructuras técnicas desactualizadas y sin contar con perfiles BIM en plantilla. El resultado es un ecosistema donde el sector privado acelera su digitalización mientras que el sector público permanece rezagado, observando un proceso que, por su naturaleza, debería estar liderando.
La teoría frente a la realidad del BIM en la administración pública
El Plan BIM propone un modelo de implantación progresiva, cuyo nivel inicial se centra en los aspectos esenciales: modelo tridimensional del proyecto, entrega en formato IFC, uso de un Entorno Común de Datos básico y definición de roles como el BIM Manager o el Coordinador de Modelo. Es un punto de partida razonable, sí, pero resulta insuficiente si el objetivo final es instaurar una metodología de trabajo que revolucione la planificación, la gestión y la explotación del activo público. Tal como han señalado varios técnicos en jornadas sectoriales: “Estamos usando el BIM para licitar, no para trabajar”.
De hecho, un estudio informal del EU BIM Observatory indica que el 63% los organismos públicos españoles reconoce no disponer ni del personal ni de los medios técnicos necesarios para gestionar un proyecto BIM de forma completa. Y esto no sorprende: numerosos procedimientos de supervisión siguen basándose en la revisión de PDFs, los modelos se descargan solo para convertirlos en planos impresos y, salvo contadas excepciones, la Administración carece de protocolos digitales internos que sean compatibles con la metodología que exige a sus licitadores. La digitalización parece reducirse a un paso intermedio entre lo analógico y lo digital: se abandona el DWG, pero aún no se adopta una cultura BIM real.
Por qué BIM no está calando en los organismos públicos
Las causas de esta problemática son diversas y complejas. La más evidente es la falta de formación interna. Aunque algunos perfiles técnicos han cursado módulos introductorios, la mayoría del personal público no trabaja con la metodología BIM en su día a día y lo concibe únicamente como un formato digital de entrega. A esto se añade la ausencia generalizada de roles BIM específicos en la estructura administrativa. A diferencia del sector privado, donde figuras como BIM Managers, CDE Managers o integradores de datos ya son habituales, en el sector público estas figuras no existen o se externalizan, generando una dependencia técnica que obstaculiza el desarrollo de procesos internos sostenibles.
Pero existe un problema de fondo aún mayor: la normativa ha sido concebida desde un enfoque predominantemente legal, no tecnológico ni operativo. Los pliegos establecen qué debe entregarse, pero no definen cómo debe utilizarse ese material una vez adjudicado el contrato. En muchos casos, los requisitos BIM se han convertido en una barrera de entrada para la contratación, más que en un sistema que acompañe la supervisión, coordinación o explotación del activo. Esta Exigencia BIM España se centra a menudo en la fase de diseño, sin contemplar una estrategia clara para la vida útil del activo. Se pide BIM, pero no se planifica su utilidad a medio o largo plazo.
En Europa ya trabajan con BIM
Mientras la Exigencia BIM España sigue este camino, otros países europeos avanzan a mayor velocidad. El Reino Unido lo hizo obligatorio en 2016, estableciendo un marco regulatorio digital profundo (la antigua PAS 1192, hoy ISO 19650); Francia lanzó su plan BIM 2022 centrado en los gemelos digitales (Digital Twins); y Finlandia ya trabaja con sensores IoT y explotación de datos desde la fase de obra.
En el país, la implementación es desigual: según el grupo esBIM, en 2024 cerca de un 38% de las licitaciones incorporan ya requisitos BIM, pero solo un 14 % aplica BIM en fase de mantenimiento y menos del 10 % dispone de protocolos internos claros sobre su uso. En esencia, se está construyendo un modelo digital sin un destino de gestión definido.
Para las pymes es invertir o quedarse fuera
El sector privado ha captado el mensaje con claridad: la formación es obligatoria. Las empresas han reaccionado invirtiendo en licencias de software, formación técnica especializada y contratación de personal con perfiles BIM. Muchas lo han hecho por convicción en la metodología, pero otras por pura supervivencia: “Si no lo hacemos, no podremos licitar”. Esto ha provocado que una parte del sector conciba BIM no como un modelo de trabajo transformador, sino como un requisito burocrático más. Cuando una metodología nace forzada únicamente por la normativa, sin un acompañamiento cultural u operativo, su implantación tiende a ser superficial.
La consecuencia más palpable es una aceleración digital desigual: la empresa privada avanza, mientras el sector público se limita a observar. Los modelos se entregan, pero no se gestionan. Se pide BIM en el pliego, pero la supervisión técnica se sigue realizando con cartografía estática y procedimientos tradicionales. La paradoja de la actual Exigencia BIM España puede resumirse así: “El BIM llega antes como obligación que como oportunidad”.
Lo que el BIM puede aportar y aún no se utiliza
Las tecnologías asociadas a la madurez BIM como la Inteligencia Artificial para la detección de errores, analítica de datos post-obra, integración BIM-GIS, Digital Twins, IoT o automatización de procesos, no figuran en la mayoría de los pliegos públicos españoles. Sin estas herramientas, el BIM se reduce a un formato de entrega, y no a un sistema de trabajo integral.
Según diversas consultorías del sector, el ahorro real y medible del BIM, que se estima entre un 10 % y un 20 % en coste y tiempo, solo se materializa cuando se utilizan herramientas complementarias y se integra el modelo en todas las fases del ciclo de vida del activo. De lo contrario, el BIM apenas roza la superficie operativa: se digitaliza el plano, pero no la planificación; se entrega un modelo, pero no se gestiona un proceso completo.
El peligro del BIM por obligación
Varios profesionales de administraciones locales y regionales lo han expresado con claridad: el BIM se utiliza para cumplir con el pliego, no para modificar la forma de trabajar. Los testimonios recogidos en proyectos públicos recientes evidencian una desconexión entre la Exigencia BIM España y la capacidad real de gestión: “Nos pidieron BIM, pero el procedimiento era el mismo de siempre”, comenta un aparejador municipal. En otro caso, una empresa adjudicataria afirma: “Entregamos el modelo, pero nos lo pidieron también en PDF porque lo iban a revisar como siempre”.
Este fenómeno, cada vez más extendido, plantea una pregunta urgente: ¿Se está construyendo una digitalización real o simplemente una digitalización formal? Si el BIM no se usa para coordinar, tomar decisiones, analizar o mantener el activo… ¿Se está implementando BIM en realidad?
El BIM debería ser una oportunidad real
Para que el BIM sea algo más que un mero requisito documental, la Administración debe asumir el liderazgo del cambio. No basta con la Exigencia BIM España de modelos digitales; es crucial generar estructuras internas preparadas para gestionarlos. El sector público debería establecer perfiles BIM estables, formar equipos técnicos específicos, crear guías operativas y tecnológicas (no solo normativas) e integrar herramientas como la IA, el IoT o el GIS-BIM en sus protocolos internos. Sobre todo, debe abandonar la visión del “cumplo y ya está” que reduce el BIM a un ejercicio de cumplimiento normativo, en lugar de una auténtica transformación sectorial.
La transición BIM no se trata solo de incorporar software, sino de cambiar la mentalidad y los procesos. Exigir sin acompañar la transición solo generará una brecha técnica entre lo que se pide y lo que realmente se puede ejecutar.
La formación sí marca la diferencia
Aun así, quedarse únicamente con este diagnóstico sería injusto. En medio de esta implantación desigual, existen administraciones que han decidido hacerse una pregunta incómoda, pero necesaria: “¿cómo exigir BIM si no somos capaces de leerlo, discutirlo o evaluarlo?”
En los últimos años, varias diputaciones, empresas públicas y departamentos municipales han optado por recorrer el camino menos inmediato y más honesto: formarse. No para cumplir el pliego con mayor rapidez, sino para comprender realmente qué estaban pidiendo. En este proceso, muchos de estos organismos han confiado su capacitación técnica a Editeca, entendiendo que el primer paso hacia una Administración digital no pasa por el software, sino por el conocimiento.
Quienes han pasado por este aprendizaje coinciden en una idea sencilla y reveladora: BIM no es una cuestión de modelos, sino de criterio. Tras la formación, algunos equipos técnicos han comenzado a crear roles internos, a revisar los pliegos con otra mirada y, sobre todo, a dejar de tratar el modelo digital como un archivo que se entrega y se archiva. El cambio no ha sido inmediato, pero sí profundo: la Administración deja de mirar el BIM desde fuera y empieza a trabajar con él desde dentro.
Un técnico de una empresa pública de infraestructuras locales lo resumía así, casi con sorpresa:
“Empezamos queriendo cumplir. Terminamos entendiendo. Ahora, por fin, podemos hablar de tú a tú con las empresas que licitan.”
Otro arquitecto municipal, tras completar su proceso formativo, añadía una reflexión todavía más clara: “BIM no es un 3D. Es una forma de trabajar. La formación nos ayudó a ordenar lo que pedíamos y, sobre todo, a saber, qué hacer con ello después.”
Estas experiencias, aún minoritarias, apuntan a una conclusión evidente: la formación marca la diferencia entre exigir por norma y exigir con sentido. No se trata de que la Administración vaya por delante del sector privado, sino de que deje de ir por detrás de aquello que ya reclama.
El BIM ya es un requisito en muchos pliegos. La verdadera pregunta es si seguirá siendo un trámite más, una capa digital sobre procedimientos analógicos, o si, esta vez, se convertirá en una oportunidad real para transformar la forma en que se diseña, se construye y gestiona lo público. Ahí es donde se decide si la Exigencia BIM España es solo una obligación normativa… o el inicio de un cambio que, por fin, se tome en serio.
